Editoriales

Gaceta

Por: Raúl Terrazas Barraza

INE de mexicanos, IETAM de tamaulipecos

A propósito de los Foros de Parlamento Abierto para la reforma electoral y sin que suene a una postura anticipatoria para defender la el sistema electoral que tiene la República, es oportuno que la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, hayan puesto sobre la mesa de discusiones con letras bien claras y el soporte necesario para que, las y los Diputados que deban de intervenir en la adecuación de las Leyes Electorales, que lo hagan con información de gran valor, surgida desde la ciudadanía.

Que el INE y los Institutos Electorales de las entidades desaparezcan es cuestionable en todos los sentidos ya que son entes que dan seguridad a la realización y resultados de los proceso electorales y de paso, son los más auditados, porque la realización de sus actividades con dinero público y su uso se justifica de manera cabal porque organizan jornadas íntegras, pacíficas, transparentes y de gran certeza, elementos estos que proporcionan estabilidad política al país.

Al margen de que representadas todas las entidad y que, por Tamaulipas lo hayan hecho los funcionarios del IETAM que encabeza el licenciado Juan José Ramos Charré, diera a pensar que buscan defender su chamba, pero, en realidad confirman el compromiso ineludible de fortaleciendo la democracia y de contribuir a la paz y estabilidad social con elecciones confiables e independientes

Los funcionarios de los Institutos Estatales Electorales que fueron a la Cámara de Diputados para entregar a las y los Diputados Federales de la Junta de Coordinación Política entre quienes están la Legisladora de Tampico, Monserrat Arcos Velázquez, plasmaron en el documento entregado la importancia de potenciar la transparencia y la rendición de cuentas y combatir cualquier tipo de corrupción que pudiera registrarse.

Solo para dimensionar la relevancia de los 32 Institutos Locales Electorales, desde el 2014 en que se crearon, es decir, en ocho años, han realizado 57 elecciones para gubernaturas de entidades federativas, 153 para cambiar a los miembros de Ayuntamientos y 99 para la renovación de los Congresos Locales.

Todas ellas se llevaron a cabo en un escenario de democrático, transparente y legítimo que cuanta con la validación social de los electores, porque muestran después de cada proceso su gran conformidad con los resultados.

Con su acción se eligieron a personas para 55 mil 336 cargos con un registro de alrededor de 600 mil candidaturas, cuyas características son la inclusión y la progresividad de los derechos humanos, es por ello que, los funcionarios de los Institutos Locales Electorales plantearon en el documento entregado a la Cámara de Diputados Federal, un diagnóstico conceptual, jurídico, técnico y estadístico que sirva para el debate de la reforma electoral, en el entendido de que el  trabajo se ha conducido con profesionalismo e independencia, para que la democracia mexicana sea sólida.

Por demás está decir que la ciudadanización de las elecciones, desarrollada a partir de que, son las mexicanas y los mexicanos quienes reciben y cuentas los votos de los electores que viven en la sección a la que pertenece la casilla en la cual participan por insaculación son garantía fundamental para la confiabilidad de los procesos electorales.

Es claro que la Asociación de Instituciones Electorales de los estados del país, cumplieron con su responsabilidad de aportar información y generar una postura a favor de la democracia y deberán ser organismos autónomos y ciudadanizados aquellos que podrán mantener el alto estándar en la organización de los proceso electorales.

Más que reforma electoral, aquello que México requiere es la adecuación sugerida por los partidos, porque son los actores principales de la elección de sus candidatos a los cargos de elección popular. Podría esperarse que también los ciudadanos interviniesen, pero, la realidad de las cosas es que, quienes votan están conformes con el tipo de organización existente para cambiar a las autoridades.

En dado caso de que, la gran preocupación de los legisladores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional sea el presupuesto, porque requieren dedicarlo a los programas que ellos privilegian, podría reducirse en forma razonable, pero, desaparecer los organismos autónomos solo por capricho como el INE y los Institutos Electorales de la entidad, equivale a poner en riesgo la estabilidad ganada para el país y cuyas miles las disfrutan quienes detentan el poder político en todos los niveles en este 2022 y los años que están por venir.

El INE es de los mexicanos y el IETAM de los tamaulipecos, su permanencia en el escenario de la democracia está justificada en todos los sentidos y a nadie beneficia que se minimice su autoridad o cambiarlos por una Institución diferente.

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