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Por: Raúl Terrazas Barraza

El presupuesto federal cambia de rumbo

Cuándo se habla de la necesidad de mejorar las condiciones presupuestarias de un sin fin de programas que requeridos por los mexicanos para mejorar sus condiciones de vida, casi en automático se establece la relación que tienen esas actividades con el Producto Interno Bruto, ya que, es una forma de comprender con facilidad la relación que guardan.

El punto es que, tareas como la salud y la educación, que, se supone representan un alto porcentaje del PIB nacional, debido a la gran cantidad de personal que manejan para cumplir con las actividades, la verdad es que fueron desplazadas desde hace varios años, uno diez, por aquellos que tienen que ver con la estrategia contra la inseguridad.

En ocasión de la visita realizada por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, surgieron datos que deben comentarse para comprender su magnitud.

Al finalizar la era priísta en la presidencia de la República, el porcentaje del PIB que se destinaba a seguridad pública, era apenas del uno por ciento, en tanto que, los de salud y educación rebasaban el cinco y el siete por ciento en números redondos.

En el cierre presupuestal del 2018, las cifras, hacen ver que el porcentaje del PIB para seguridad pública alcanzó el punto más alto que cualquier otra estrategia, programa o actividades que el Gobierno de México lleva a cabo para mejorar la calidad de vida, es del 24 por ciento y representa algo así como 5.16 billones de pesos.

A mediados del sexenio anterior, se aseguró que el combate a la violencia costaría más del 20 por ciento del PIB, pero, la cifra fue rebasada con cuatro puntos más.

Ahora bien, dónde el uso de los recursos impactan de manera positiva en los índices de paz, de acuerdo a cifras del Instituto para la Economía y la Paz, IEP, fue en Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

Obvio, esto no quita del escenario la observación cruda y preocupante que hizo la Alta Comisionada de los Derechos Humano, Michelle Bachelet, al afirmar que México tiene cifras de guerra, sin estar en ella, pero, sí, inmerso en la violencia, quien además se sorprendió con todos los datos a los que tuvo acceso en su visita al país.

Entre ellas, la nada agradable cantidad de muertes violentas de las que se tienen datos, más de 252 mil, del 2006 a la fecha, en un escenario dónde la criminalidad es el pan de todos los días ya que, en los tres primeros meses de la administración federal, se abrieron carpetas de investigación por unos siete mil 300 homicidios dolosos y por 240 feminicidios.

El hecho de que se destine el 24 por ciento del PIB a la inseguridad, quiere decir que esa actividad tiene seis veces más que el PIB de educación y cinco veces más que el de salud, en un escenario donde estos dos compromisos Constitucionales con los mexicanos no llegan ni al 10 por ciento.

Desde luego, imaginar la inversión de dinero público en combustible diario que las miles de unidades que tienen motores de ocho y hasta 10 cilindros, el costo en alimentación y hospedaje para los agentes de todas las corporaciones, sobresueldos para los mismos y desde luego, la compra de miles de camionetas, vehículos, armamento y municiones requeridas, más de cinco billones de pesos podría ser insuficientes.

Eso sí, representan una derrama económica grande en todas las regiones del país, en especial en las entidades donde los efectos de la inseguridad son mayores, incluso, por estos rumbos, se habla de que, la ocupación hotelera, aunque no turística, es considerable por la movilización de efectivos de las corporaciones militares y policiales a las ciudades.

Entonces, en función de ello, las empresas que más ganan con los recursos públicos, son las que venden insumos para la seguridad, así que, si de pronto se entera que un constructor ahora vende uniformes o camionetas, es porque el presupuesto del gobierno está en otro esquema de prioridades.

Los otros.

En especial los tamaulipecos, siguen la evolución de la loca idea que tuvieron en el Gobierno de la República, para ejercer la atracción de impuestos que antes eran de ellos y pasaron a los estados y estos los quitaron para atender reclamos sociales.

Como quiera, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Don Andrés López Obrador ya dijo que no habrá otra vez tenencia vehicular, pese a que, sus colaboradores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público escudriñan entre los cajos de sus escritorios para ver de dónde obtienen más ingresos ya que, la necesidad de dinero es muy grande

en virtud de que, se tiene el compromiso generalizado de regalarlo a los que no trabajan y tampoco estudia, por ejemplo.

Aunque la campaña proselitista de los candidatos del PRI ya fue anunciada como austera, la realidad de las cosas es, casi todas serán en ese tenor.

Por aquello de las vacaciones que están a la vuelta de la esquina, el Secretario de Seguridad Pública de la entidad, Augusto Cruz Morales, hizo ver que ya se puede viajar por las carreteras de Tamaulipas a cualquier hora, incluso apunta que ya no hay reportes de robos y que, la estrategia denominada corredores seguros, como denomina a los tramos carreteros tiene resultados positivos.

La situación tiene que impactar más allá de las fronteras de Tamaulipas, es decir, en las entidades que son afluentes naturales de turismo durante los períodos vacaciones, en especial, aquel que se desplaza a las playas del Litoral, Miramar de Madero, La Pesca de Soto la Marina y Bagdad de Matamoros.

En ella, los alcaldes se pusieron a trabajar en serio para ofrecer a los potenciales turistas, mejores condiciones para el disfrute del asueto y que, los prestadores de servicios y vendedores de productos propios de la semana mayor, harán lo propi para que evitar cualquier incidente a lamentar.

En el sur de la entidad, este viernes es el afamado playazo de Miramar, que implica el traslado de miles de jóvenes de las instituciones educativas de la región, al mar, para disfrutar de la terminación de clases, porque la semana que viene son las vacaciones de semana santa.

El alcalde Adrián Oseguera Kernión, llevó a cabo varias revisiones a la zona de playa y se reunió de manera constante con los responsables de cada área, porque se trata de su primera incursión como la máxima autoridad del municipio y busca llegar hasta los detalles menores, bajo la premisa de que, resolverlos garantizará que al año siguiente la afluencia sea mayor, al considerar que un turista satisfecho con los servicios otorgados, será el mejor promotor del destino de playa para futuras vacaciones

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